Durante la última edición del Festival de Cannes se llevaron a cabo diversas reuniones de la Asamblea y distintos Comités especializados que integran la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Films (FIAPF), en donde el argentino Luis Alberto Scalella fue reelecto por cuatro años más como presidente de la entidad.
El Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) tuvo una representación destacada en estos encuentros, con la participación de su presidenta, Liliana Mazure; su gerente de Relaciones Internacionales, Bernardo Bergeret; y su gerente de Asuntos Jurídicos, Orlando Pulvirenti, quien defendió la posición argentina sobre el impacto que las nuevas tecnologías tienen sobre la producción cinematográfica.
«Se discutieron temas como la piratería por internet y cada país manifestó las dificultades para aplicar una legislación que respete los derechos intelectuales y que a la vez comprenda la situación de los consumidores», afirmó Pulvirenti.
Pulvirenti presentó la posición de Argentina en relación con el debate sobre las medidas a adoptar contra la piratería y las descargas ilegales por internet, en defensa de la propiedad intelectual de los autores de las obras, y marcó una diferencia esencial con respecto a las posiciones más extremas de Francia y Noruega.
El representante argentino se mostró sorprendido y en desacuerdo con los términos utilizados por los representantes noruegos e indios para calificar a los consumidores comunes que descargan ilegalmente en sus hogares películas y otros materiales audiovisuales, a quienes llegaron a definir como «bastardos» e incluso «terroristas».
Pulvirenti señaló a Télam que «ese enfoque es incorrecto porque apunta a reprimir al usuario, cuando en realidad la acción debería penalizar a aquellos que hacen de estas actividades un negocio altamente lucrativo».
«En realidad -añadió habría que brindar educación a los usuarios respecto de la necesidad de sostener la producción autoral y darles alternativas legales y económicamente accesibles, para que no se vulneren los derechos de propiedad intelectual de los autores ni los de libertad de expresión y de acceso a la información».
Publicada originalmente en Télam.
